Por Luis Adolfo Payares Altamiranda/ACORD/AIPS
A raíz de nuestra columna publicada el día de ayer titulada “Softbol Nacional: el disfraz del talento importado y el olvido del pelotero colombiano”, se ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos —presumiblemente desde el hermano país de Venezuela— nos han tildado de xenófobos. Ante tales acusaciones, no nos quedaremos callados.
Primero, pongamos las cosas en claro: defender el talento nacional no es xenofobia, es un deber. Y quienes así lo interpretan, o desconocen el concepto o buscan confundir. Xenofobia es odiar al extranjero por serlo; lo nuestro es otra cosa: es una crítica firme al abandono institucional que sufre el deporte colombiano frente a la avalancha de jugadores foráneos que, amparados en cédulas de papel y nacionalizaciones exprés, están desplazando a nuestros atletas.
¿Permitiría Venezuela que múltiples jugadores colombianos representaran a ese país en un campeonato nacional, dejando en la banca al talento local? No lo harían. Y con razón. No se trata de cerrar fronteras deportivas, sino de tener reglas claras y, sobre todo, voluntad de formar.
No olvidemos que el Artículo 96 de la Constitución Política de Colombia establece claramente quiénes son considerados nacionales. A su vez, la Ley 43 de 1993, en su artículo 5, señala los criterios para la nacionalización por adopción. Muchos de los casos actuales que vemos en los campeonatos nacionales no cumplen con los tiempos ni los requisitos de arraigo. Simplemente se les otorga la cédula, en municipios donde ni siquiera saben qué es el softball. Y con eso basta para que jueguen en torneos oficiales como si fueran colombianos de cuna. Eso, además de un insulto al esfuerzo de nuestras ligas, podría constituir fraude a resolución administrativa, un hecho punible según el Código Penal Colombiano, artículo 289.
Recordemos también que, según el reglamento de la Federación Colombiana de Softbol (Fedesoftbol), los campeonatos nacionales están diseñados para promover el desarrollo deportivo de cada región del país, y no para convertirlos en vitrinas de contratistas disfrazados de patriotas. Si la Federación sigue mirando hacia otro lado mientras se legaliza esta estafa deportiva, está faltando a su propia misión institucional.
Nuestra crítica no es nueva. Desde hace más de una década hemos alertado sobre este fenómeno. Lo preocupante es que Colombia no produce un lanzador de nivel internacional hace más de 15 años. ¿Y qué han aportado los “importados”? ¿Un trofeo? ¿Una vitrina? Nada. Ni uno solo de esos nacionalizados ha formado a nuevos lanzadores. Vienen, juegan, cobran —muchas veces en dólares, lo cual, por cierto, viola lo estipulado por el Estatuto Cambiario para pagos dentro del territorio nacional— y se van.
Tomemos ejemplo. En los años 80, Venezuela optó por nacionalizar a algunos jugadores para impulsar su fútbol. Hoy, tienen jugadores compitiendo en ligas europeas. ¿Por qué? Porque usaron ese recurso como un trampolín para formar talento local, no para llenarse de extranjeros en cada convocatoria.
Nuestra propuesta es clara: las ligas deben priorizar la creación de semilleros de picheo, con acompañamiento técnico y supervisión federativa. No podemos seguir entregando cupos a quienes no sienten esta tierra ni la representan con orgullo genuino.
El softball colombiano no necesita importaciones, necesita inversión. No necesita atajos, necesita procesos. Y, sobre todo, necesita valentía para decir lo que muchos callan.
