Por Luis Adolfo Payares Altamiranda ACORD/AIPS
A pocos días del inicio del Torneo Nacional de Sóftbol de Lanzamiento Rápido, categorías mayores en la rama masculina, en la ciudad de Medellín, se empieza a evidenciar una grieta en el manejo deportivo que pone en tela de juicio la ética y legalidad con la que algunas ligas departamentales están actuando. Mientras Antioquia, Bolívar, Córdoba y Valle deciden dignificar el deporte con el talento nacional, otras ligas insisten en importar “jugadores mercenarios” que llegan por contratos relámpago en dólares, sin mayor compromiso con el desarrollo local ni con el semillero nacional.
Las ligas de Bolívar, Córdoba y Antioquia se han unido en una apuesta clara y decidida: fortalecer el sóftbol colombiano con nuestros deportistas. Han comprendido que el verdadero crecimiento del deporte está en invertir en el talento criollo, formar atletas a largo plazo y crear estructuras competitivas sostenibles, no en pagar cifras exorbitantes en divisas a extranjeros que sólo vienen por un cheque y un par de juegos.
¿Contratos en dólares? ¡La ley es clara!
El ordenamiento jurídico colombiano establece límites claros respecto al uso de divisas extranjeras en contratos laborales, incluidos los del deporte. Según el Decreto 1735 de 1993, modificado por el Decreto 1197 de 2004, y en concordancia con el Estatuto Cambiario (Decreto 444 de 1967 y sus modificaciones), ningún pago en divisas puede realizarse dentro del territorio nacional sin que medie la debida autorización del Banco de la República o que esté dentro de las operaciones permitidas para residentes.
Además, el Código Sustantivo del Trabajo, en su Artículo 128, establece que los pagos en especie o en moneda diferente a la nacional deben contar con regulación expresa, so pena de considerarse ilegales o evasores de la normatividad laboral vigente.
¿Y la Federación Colombiana de Sóftbol? Bien, gracias…
A pesar de que existen evidencias, testimonios y registros de pagos en dólares por parte de varias ligas a jugadores extranjeros —con contratos que muchas veces se mantienen en la informalidad—, la Federación Colombiana de Sóftbol ha optado por la ceguera voluntaria. Esta omisión no solo pone en riesgo la transparencia del torneo, sino que puede acarrear responsabilidad disciplinaria y administrativa, tal como lo estipula la Ley 181 de 1995, que rige el deporte en Colombia, y que en su Artículo 14 impone a las federaciones la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes colombianas en el ámbito deportivo.
El daño silencioso a las nuevas generaciones
Mientras se despilfarra dinero en atletas extranjeros que no dejan formación ni legado, cientos de jóvenes colombianos ven truncadas sus aspiraciones de competir en alto nivel. El mensaje que se manda es claro: “Aquí se gana si vienes de afuera”, lo que socava la moral del deportista colombiano y pone en entredicho la misión social y pedagógica del deporte.
Un llamado urgente a los entes de control
Es hora de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la DIAN, y hasta la Fiscalía General de la Nación investiguen los movimientos contractuales de estas ligas que contratan en dólares a espaldas de la ley. Asimismo, se exige a la Federación Colombiana de Sóftbol una actuación inmediata, clara y ejemplarizante para impedir que estos actos sigan manchando la integridad de una disciplina que debe construirse con sudor nacional, no con importaciones ilegales.