Por Dr. Gustavo Valiente Espinosa
En el béisbol, como en el derecho, hay jugadas que definen partidos y otras que los dejan en suspenso. Hoy, la Liga de Béisbol de Bolívar parece atrapada en una jugada congelada: una asamblea realizada, un órgano de administración elegido, unos integrantes con deseo de trabajar —y que, según se percibe, ya vienen haciéndolo—, pero una ratificación del Ministerio del Deporte que no llega. Y en ese silencio administrativo crece la incertidumbre.
El Ministerio del Deporte ha demostrado ser, en este caso, un ente burocrático, lento y poco eficaz, que lejos de agilizar los procesos los entrampa en dinámicas administrativas desgastantes. Surge entonces una inquietud legítima: ¿la ratificación llegará dentro de cuatro años? ¿O cuando San Juan agache el dedo? Mientras tanto, el béisbol bolivarense permanece en un limbo jurídico que constituye una verdadera “pata coja”, sin que exista claridad sobre cuándo el Estado decidirá dotarlo del bastón institucional que requiere.
No se trata de un simple trámite. La ratificación por parte del Ministerio del Deporte no es una formalidad decorativa; es el acto administrativo que otorga plena eficacia jurídica a las decisiones adoptadas por la asamblea, conforme al marco del Sistema Nacional del Deporte establecido en la Ley 181 de 1995 y sus normas reglamentarias. Sin ese reconocimiento, el órgano elegido carece de legitimidad plena para ejercer funciones de representación, administración y dirección deportiva.
Aquí se presenta una consecuencia jurídica de alto impacto: la imposibilidad material y legal de convocar y avalar selecciones oficiales para participar en eventos como Juegos Nacionales, Departamentales o cualquier competencia del calendario federado. De conformidad con la Ley 181 de 1995, particularmente en lo relativo a la organización del deporte asociado, solo las ligas debidamente reconocidas y con órganos de administración válidamente constituidos y ratificados pueden ejercer funciones de representación deportiva del departamento.
En términos jurídicos, cualquier convocatoria realizada por un órgano no ratificado podría ser objeto de cuestionamiento por falta de competencia, generando riesgos de nulidad, impugnaciones y desconocimiento por parte de federaciones, entes organizadores o incluso del propio Estado. Es decir, no se trata solo de una limitación operativa, sino de una inhabilidad jurídica que compromete la participación institucional del béisbol de Bolívar en escenarios oficiales.
Aquí emerge la fractura del principio de seguridad jurídica. Las organizaciones deportivas requieren certeza sobre la validez de sus actos. Cuando una asamblea se realiza conforme a estatutos, respetando quórum y procedimientos, el Estado no puede dilatar indefinidamente su validación sin motivación expresa. Tal conducta vulnera la confianza legítima y el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.
Si existen reparos jurídicos —vicios en la convocatoria, conflictos internos o irregularidades estatutarias—, el Ministerio tiene la obligación legal de motivar su decisión y comunicarla oportunamente. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que la administración no puede ampararse en el silencio para evadir su deber de decidir. La omisión prolongada puede configurar una vulneración al debido proceso administrativo.
El béisbol de Bolívar, histórico semillero de talento, no puede quedar al margen de la competencia por la inacción estatal. La falta de ratificación no solo paraliza la gestión administrativa, sino que bloquea la posibilidad de proyectar deportistas, estructurar procesos competitivos y garantizar representación oficial.
Frente a este escenario, la Liga debe actuar con rigor jurídico: agotar derechos de petición, exigir respuestas de fondo, y de persistir el silencio, acudir a mecanismos como la acción de cumplimiento o incluso la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales asociados al debido proceso y la participación.
Pero también es clave fortalecer la transparencia interna: publicación de actas, soportes y decisiones que respalden la legalidad de la asamblea. La legitimidad no solo se construye en los despachos del Estado, sino también ante la opinión pública deportiva.
Porque aquí no está en juego únicamente un acto administrativo. Está en juego la institucionalidad del béisbol en Bolívar. Una liga que camina sin reconocimiento oficial no puede convocar, no puede representar y, en consecuencia, no puede competir.
El Ministerio tiene la palabra. Y el tiempo no es neutral: cada día de silencio erosiona la confianza, debilita la estructura deportiva y posterga el futuro de nuestros peloteros. En el béisbol, el que no define a tiempo pierde el juego. En el derecho, el que no responde a tiempo compromete la legitimidad del sistema.