Por Gustavo Valiente Espinosa
A las puertas del Torneo Panamericano de Softball Masculino, el país deportivo vuelve a mirarse al espejo institucional. No hay roster oficial publicado, la federación atraviesa un limbo jurídico y circulan versiones según las cuales un club de Barranquilla asumiría la representación nacional. Más que una polémica deportiva, estamos ante un debate de legitimidad.
En Colombia, la representación internacional no es una figura simbólica ni espontánea. La Ley 181 establece que las federaciones deportivas nacionales son los organismos competentes para dirigir su disciplina y representar al país en el ámbito internacional. Es decir, la convocatoria, conformación e inscripción de una selección nacional no es una decisión informal: es un acto con efectos jurídicos y deportivos.
Si la Federación Colombiana de Softbol no cuenta hoy con reconocimiento pleno o se encuentra en conflicto institucional, se produce un vacío. Pero el vacío no habilita a un club para actuar como “Selección Colombia”. Representar al país implica un aval formal, una inscripción oficial y una estructura reconocida. De lo contrario, se compromete la igualdad de oportunidades de los deportistas y la transparencia en la gestión.
Aquí entra en escena el papel del Ministerio del Deporte, autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control del Sistema Nacional del Deporte, funciones reforzadas por la Ley 1967. Si no hay federación operativa, corresponde al Estado definir si designa una comisión provisional, otorga un aval excepcional o, simplemente, informa que el país no participará. Lo que no puede existir es una representación sin soporte administrativo.
¿Puede la World Baseball Softball Confederation (WBSC) formar el equipo por Colombia? En términos ordinarios, no. El sistema deportivo internacional reconoce una federación por país como interlocutor válido. La WBSC puede organizar el torneo, exigir requisitos o incluso suspender afiliaciones, pero no sustituir a la autoridad nacional ni armar unilateralmente una selección bajo el nombre y símbolos de Colombia sin respaldo institucional.
El problema no es quién lanza o quién batea. El problema es quién firma. ¿Existe un acto administrativo? ¿Hay aval estatal? ¿Se garantizó convocatoria abierta y criterios técnicos transparentes? En el deporte moderno, la legitimidad importa tanto como el resultado.
Colombia no puede permitirse competir en zona gris. Si hay selección, debe haber sustento legal. Si hay representación, debe haber reconocimiento formal. Porque cuando el uniforme nacional se viste sin estructura que lo respalde, no solo queda en vilo una novena: queda en entredicho la credibilidad del deporte colombiano.
