Por Gustavo Valiente Espinosa
La reciente suspensión de la asamblea de la Liga de Béisbol de Bolívar constituye un episodio lamentable que refleja la improvisación, la ausencia de rigor jurídico y la pérdida de confianza en quienes deberían garantizar la transparencia de este proceso. No se trata de un simple aplazamiento, sino de una decisión que desnuda la precariedad con la que se está manejando la institucionalidad deportiva en el departamento.
El comité provisional, designado mediante la Resolución 766 del 26 de junio de 2025 por la Federación Colombiana de Béisbol, tenía un mandato claro: organizar en un plazo de 90 días la asamblea para elegir nuevo órgano de administración. Sin embargo, después de más de dos meses, la respuesta que se le entrega a la comunidad deportiva es un argumento débil y jurídicamente insostenible: que no se conoce el número de clubes afiliados con reconocimiento deportivo vigente. Ese censo debió ser el punto de partida de todo el proceso, no un pretexto de última hora para justificar la inacción.
El derecho deportivo en Colombia, sustentado en la Ley 181 de 1995 y en la normatividad expedida por el Ministerio del Deporte, es claro en exigir a las ligas mantener registros actualizados de clubes afiliados. Ignorar este requisito es tanto como desconocer la ley. Además, la suspensión se comunica con menos de 24 horas de anticipación, en abierta contradicción con los principios de planeación, eficacia y publicidad consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo).
Más grave aún es el caso del señor Freddy Aicardi, miembro del comité provisional y al mismo tiempo candidato en una de las planchas que aspiran a dirigir la liga. Aunque los estatutos no lo prohíban expresamente, el principio constitucional de moralidad administrativa (artículo 209 de la Carta Política) y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) impiden que alguien sea juez y parte en un mismo proceso. La ética no requiere de reglamentos escritos: exige coherencia y transparencia. En un escenario deportivo, donde la confianza y la credibilidad son pilares, esta situación representa un claro conflicto de interés.
La manera como se ha manejado la comunicación agrava el problema: el silencio de algunos integrantes del comité, las acusaciones vagas sobre “fuerzas oscuras” y “clubes de papel”, y la falta de respuestas oportunas solo generan un manto de dudas. El béisbol de Bolívar no puede seguir rehén de la opacidad, de los intereses personales ni de la improvisación de quienes dicen representarlo.
Lo ocurrido debe servir como advertencia: el deporte necesita reglas claras, dirigentes comprometidos y procesos transparentes. De lo contrario, la parálisis y la desconfianza seguirán siendo el lastre que impida el verdadero desarrollo del béisbol en nuestra región.