Una decisión del Tribunal Superior de Santa Marta vuelve a poner sobre la mesa una controversia que no es ajena al departamento de Bolívar, donde desde 2010 varios dirigentes deportivos de Cartagena han acudido a instancias judiciales para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de documentos de identidad a ciudadanos extranjeros.
La reciente condena contra el exregistrador especial de Ciénaga, Magdalena, Eduardo Alberto Noguera Dangond, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, adquiere especial relevancia en Bolívar, donde durante más de una década se han formulado denuncias sobre procedimientos que presuntamente habrían permitido documentar como colombianos a ciudadanos nacidos en otros países.
El Tribunal Superior de Santa Marta revocó la sentencia absolutoria que inicialmente había favorecido al exfuncionario y lo declaró responsable de irregularidades en tres trámites de expedición de cédulas de ciudadanía a extranjeros, realizados el 16 de noviembre de 2016 mediante el usuario institucional asignado al entonces registrador.
Según lo establecido por la corporación judicial, los registros civiles de nacimiento utilizados como soporte de estos procedimientos no aparecían en los archivos de la Notaría Primera de Cartagena. Tampoco fueron encontrados otros documentos fundamentales para acreditar la identidad y los antecedentes de los solicitantes.
Este último elemento resulta particularmente significativo para Bolívar, debido a que la documentación presuntamente irregular involucraba registros civiles atribuidos a una notaría de Cartagena, ciudad desde donde dirigentes deportivos han venido cuestionando, desde 2010, la posible utilización de mecanismos irregulares para acreditar la nacionalidad colombiana de ciudadanos extranjeros.
Las denuncias promovidas por estos dirigentes, según los antecedentes señalados, buscaron llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de investigar la autenticidad de documentos de identidad y garantizar que los procedimientos de nacionalización e identificación se ajustaran a la legislación colombiana.
Sin embargo, es importante precisar que la sentencia contra el exregistrador de Ciénaga no demuestra, por sí sola, que exista una relación judicial entre los tres trámites investigados y las denuncias presentadas por dirigentes deportivos de Bolívar. Esa eventual conexión tendría que establecerse mediante el examen de los respectivos expedientes.
En cuanto a las sanciones, el Tribunal estableció una pena de 120 meses de prisión, multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer funciones públicas. No obstante, concedió al condenado el beneficio de prisión domiciliaria y no ordenó su captura inmediata.
La providencia presenta una particularidad que deberá ser aclarada, pues en otro apartado aparecen cifras diferentes, correspondientes a 90 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos. Además, por tratarse de una primera sentencia condenatoria, el procesado cuenta con mecanismos legales para solicitar una segunda revisión judicial.
Más allá de la responsabilidad individual establecida por el Tribunal, el fallo abre nuevamente un debate de interés público para Cartagena y Bolívar: ¿qué ocurrió con las denuncias que dirigentes deportivos comenzaron a presentar desde 2010 y qué respuestas ofrecieron las autoridades competentes?
También surge la necesidad de establecer si aquellas actuaciones judiciales produjeron investigaciones, decisiones de fondo o sanciones, y si existen otros procedimientos de identificación que ameriten una revisión por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los organismos de investigación.
La decisión judicial constituye un precedente relevante sobre las consecuencias penales de utilizar documentación irregular en los procesos de identificación de ciudadanos.
Para Bolívar, el asunto no debería quedar reducido a una condena contra un exfuncionario del Magdalena. También representa una oportunidad para revisar las denuncias históricas, esclarecer posibles irregularidades y determinar si las alertas formuladas desde Cartagena recibieron la atención institucional correspondiente.
